El Gobierno introducirá en el Código Penal una nueva medida,
denominada ‘custodia de seguridad’, aplicable a los delitos más graves
-excluidos los de terrorismo- y mediante la cual el tribunal impondrá en
la sentencia un plazo de privación de libertad más allá de la condena que podrá llegar a los diez años.
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Fuentes de Justicia han precisado que la “custodia de seguridad” supondrá la privación de libertad más allá de la condena de las personas a las que les sea aplicada -aunque puede ser en un régimen más atenuado- y que podrá ser revisada en cualquier momento por el juez de Vigilancia Penitenciaria, de modo que la medida se mantendrá solo mientras subsista la peligrosidad del penado.
La nueva medida podrá ser impuesta -siempre que se considere conveniente tras realizar un pronóstico individualizado de la peligrosidad del penado- en casos de delitos graves que conlleven violencia o intimidación, delitos sexuales y tráfico de drogas, así como cuando existan antecedentes por otros delitos graves o se reincida tras cumplir la condena.
La “custodia de seguridad”, que ya se aplica en países como Alemania, Reino Unido, Francia, Austria, Suiza o Dinamarca, será impuesta por el tribunal en la misma sentencia en la que se fija la pena de prisión que corresponda.
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Esta medida se aplicará de forma generalizada a todos los terroristas, ha señalado Gallardón.
En los casos de delitos graves, “pero individuales”, se requieren medidas como la “custodia de seguridad”, que será adoptada “en su caso” por el tribunal, que tendrá margen para ver si hay riesgo o no de que haya reincidencia y de si se aplica o no, ha señalado el ministro.
Ruiz-Gallardón ha anunciado también que se suprimirá la figura del delito continuado para los delitos sexuales, de forma que las condenas se apliquen por cada uno de los delitos cometidos.
Asimismo, se agravará la pena por detención ilegal con desaparición forzada, sobre todo en los casos de motivación sexual y con víctimas menores, como en el caso de la propia Marta del Castillo o de los niños desaparecidos el pasado mes de octubre en Córdoba.
El ministro ha agradecido la labor que Del Castillo está llevando a cabo en favor de la sociedad, ya que desde su “dolor personal” está trabajando y “ayudando al Gobierno, a los legisladores y a los jueces a mejorar la legislación para que no se repitan casos” como el de su hija Marta.
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Fuentes de Justicia han precisado que la “custodia de seguridad” supondrá la privación de libertad más allá de la condena de las personas a las que les sea aplicada -aunque puede ser en un régimen más atenuado- y que podrá ser revisada en cualquier momento por el juez de Vigilancia Penitenciaria, de modo que la medida se mantendrá solo mientras subsista la peligrosidad del penado.
La nueva medida podrá ser impuesta -siempre que se considere conveniente tras realizar un pronóstico individualizado de la peligrosidad del penado- en casos de delitos graves que conlleven violencia o intimidación, delitos sexuales y tráfico de drogas, así como cuando existan antecedentes por otros delitos graves o se reincida tras cumplir la condena.
La “custodia de seguridad”, que ya se aplica en países como Alemania, Reino Unido, Francia, Austria, Suiza o Dinamarca, será impuesta por el tribunal en la misma sentencia en la que se fija la pena de prisión que corresponda.
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Esta medida se aplicará de forma generalizada a todos los terroristas, ha señalado Gallardón.
En los casos de delitos graves, “pero individuales”, se requieren medidas como la “custodia de seguridad”, que será adoptada “en su caso” por el tribunal, que tendrá margen para ver si hay riesgo o no de que haya reincidencia y de si se aplica o no, ha señalado el ministro.
Ruiz-Gallardón ha anunciado también que se suprimirá la figura del delito continuado para los delitos sexuales, de forma que las condenas se apliquen por cada uno de los delitos cometidos.
Asimismo, se agravará la pena por detención ilegal con desaparición forzada, sobre todo en los casos de motivación sexual y con víctimas menores, como en el caso de la propia Marta del Castillo o de los niños desaparecidos el pasado mes de octubre en Córdoba.
Endurecimiento de penas
Estas medidas estaban contenidas también en el documento de propuestas de reforma para endurecer las penas contra los delitos graves, que Del Castillo ha entregado a Ruiz-Gallardón, quien se ha comprometido a estudiar, al igual que las iniciativas para modificar la Ley del Menor.El ministro ha agradecido la labor que Del Castillo está llevando a cabo en favor de la sociedad, ya que desde su “dolor personal” está trabajando y “ayudando al Gobierno, a los legisladores y a los jueces a mejorar la legislación para que no se repitan casos” como el de su hija Marta.
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