Plan de exterminio: arrasar la hierba, arrancar de raíz hasta la
última plantita viva, regar la tierra con sal. Después, matar la
memoria de la hierba. Para colonizar las conciencias,
suprimirlas; para suprimirlas, vaciarlas de pasado. Aniquilar todo
testimonio de que en la comarca hubo algo más que silencio, cárceles y
tumbas. Está prohibido recordar…
Eduardo Galeano
En el 2002, el Frente de Pueblos en Defensa de
la Tierra (FPDT), con la solidaridad de organizaciones y colectivos,
logró detener el proyecto económico más ambicioso
del sexenio de Vicente Fox Quesada, entonces presidente de México:
la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de
México en 4 mil 550 hectáreas de tierras
de cultivo expropiadas por el gobierno federal al ejido de San
Salvador Atenco, con una indemnización de siete pesos por metro
cuadrado. La lucha de los campesinos del FPDT se convirtió en un
referente de organización y, sobre todo, de victoria; la legitimidad
de su lucha, la capacidad de organización y la solidaridad nacional e
internacional fueron elementos clave que permitieron
detener no sólo al Estado y toda su maquinaria sino además al
capital, traducido en cientos de empresas que se frotaban las manos
esperando obtener grandes ganancias a costa del despojo de
los bienes ejidales.
En 2006 surge La Otra Campaña, un movimiento nacional que aglutina a
miles de personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva
Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional; en
toda la geografía del país brota como una propuesta organizativa que
confronta las campañas políticas de los candidatos y la lógica
electoral, irguiéndose desafiante y peligrosa para el poder.
Es en este contexto que el 3 y 4 de mayo de 2006 el terrorismo de
Estado se ejecutó en Texcoco y San Salvador Atenco. Mediante la
represión política, el poder decidió detener el camino de La Otra
Campaña con sangre y cárcel. Todo vino de un conflicto focalizado
entre pequeños productores de flores y hortalizas y las autoridades
municipales de Texcoco, quienes les negaban su justo derecho
al trabajo mediante la comercialización de sus productos en la vía
pública. El FPDT, solidario siempre con otras luchas, acompañaba a los
productores y fungía como su interlocutor.
El saldo represivo: Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea
asesinados por la policía, 207 personas torturadas y encarceladas,
cientos de allanamientos, cinco personas de otros países
-sobrevivientes de la represión- expulsadas del país, la persecución
política y judicial de los miembros del FPDT, la utilización de la
tortura sexual en contra de nosotras, las mujeres
detenidas. La clase política en su totalidad legitimó lo ocurrido de
diversas maneras, hubo aplausos estridentes y silencios cómplices.
La represión política tiene finalidades muy concretas que se pueden
traducir expresamente en la desarticulación, mediante el horror, de toda
organización que suponga contraposición a los
intereses del Estado y el poder económico. El objetivo principal
radica en imposibilitar a las personas para identificar las razones que
persigue la represión, con lo que se anula la
capacidad de defensa y afrontamiento.
La utilización de la tortura sexual es una herramienta de control
social tan poderosa que no solamente afecta de manera directa a las
mujeres sobrevivientes, además genera un impacto en la
familia, colectivo u organización y, por supuesto, en la sociedad.
Desde que ocurrieron los operativos en Atenco, el Estado negó que
hubiese mujeres torturadas sexualmente; frente a pruebas
irrefutables, ha insistido en que lo que ocurrido con las mujeres en
los traslados al penal de Santiaguito, en Toluca, Estado de México, se
trataba de hechos aislados cometidos por un par de
policías que estaban nerviosos y actuaron por cuenta propia, aún
cuando el uso de este mecanismo contra las mujeres se dio en los
operativos en ambos días.
La premeditación, intencionalidad e impunidad nos muestran que la
utilización de esta herramienta es puesta en práctica en momentos muy
concretos, buscando someter al “enemigo” mediante un
brutal mensaje a través del cuerpo de las mujeres. Los ejes
principales de este instrumento son generar culpa, estigmatización y
miedo.
En nuestra experiencia, el apoyo mutuo nos permitió desentrañar las
finalidades y ejes de la tortura sexual. Mientras estuvimos juntas en el
penal de Santiaguito, muchas decidimos escribir
nuestros testimonios; elegimos convertir la culpa y vergüenza en
responsabilidad y evidenciar a los perpetradores. La reivindicación de
nuestros cuerpos, rostros y nombres nos permitió romper el
silencio. Sabíamos que no bastaría con eso, pero fueron nuestros
primeros pasos en un camino tan largo y sinuoso que sólo se podría
recorrer colectivamente.
El papel de la denuncia social, tanto en 2006 como ahora, ha sido
fundamental. Mientras estuvimos aisladas, fueron trozos de papel los
vehículos de comunicación, cientos de voces fueron altavoz
de nuestra palabra, los relatos de horror cobraron un valor
reparador: lo innombrable, lo inenarrable se escuchaba en voz alta, poco
a poco se desvanecía el tabú que supone hablar de algo tan
íntimo; la vergüenza desaparecía. Rechazamos el papel que los
perpetradores nos designaban y fuimos gestionando la culpa y el miedo a
través de acompañamiento psicológico y trabajo colectivo.
Frente a la represión se realizaron incontables movilizaciones de
repudio, y los esfuerzos organizativos se concentraron en la liberación
de las y los presos. El miedo cobraba fuerza y muchas
personas tomaron distancia de la participación política, algunos
grupos se desarticulaban, se desquebrajaba el tejido social. El mensaje
se había enviado: intimidar a la sociedad a través del
castigo ejemplar de los que luchan, reforzado esto por la
implantación de la impunidad, la dilución de la responsabilidad de los
perpetradores, y la imposición de la idea de que “nada hay
que hacer frente al poder del Estado”.
Descubrir los alcances de la represión fue realmente devastador.
¿Cómo recomponer el tejido social? ¿Cómo combatir el miedo? ¿Cómo
reconstruirnos? Algunas apostamos a hacer un esfuerzo por
visibilizar las herramientas de control social del Estado y fomentar
las discusiones en torno a esta problemática. En ese sentido,
impulsamos desde el verano de 2008 la “Campaña contra la
represión política y la tortura sexual”, caminando de la mano de
organizaciones y colectivos que abrían sus espacios a estas reflexiones
para intentar desentrañar los efectos que experimentaron
de forma individual y colectiva.
Redimensionar los mecanismos represivos nos permite recolocarnos en
un papel activo y con capacidad de hacerles frente sin abandonar
nuestras luchas e ideales.
Los mecanismos represivos se configuran en estrategias definidas
según los efectos que se busca que causen a la población, a las
organizaciones e individuos. Dichos mecanismos no son furtivos y
mucho menos al azar. La represión en San Salvador Atenco no fue
casualidad: transformar un referente de organización, resistencia y
victoria, en muerte, tortura y cárcel nos pone de manifiesto el
interés del Poder por deformar nuestra percepción, detener a toda
costa a La Otra Campaña y tatuar en nuestra piel el mensaje de derrota.
Tras seis años de resistencia seguimos construyendo la memoria
colectivamente, buscando reparación no sólo de nosotras mismas, sino del
tejido social de las organizaciones y colectivos que nos
acompañan, y buscando justicia, pero no sólo en la judicialización
de nuestro caso a través de instrumentos internacionales, pues sabemos
que a través de las instituciones no habrá justicia. Sólo
podemos reparar lo roto si continuamos organizándonos, luchando por
autonomía y libertad.
Hoy, igual que hace seis años, los políticos lanzan sus campañas
electorales llenas de mentira y simulación; hoy, como hace seis años,
insistimos: nuestra lucha no se ciñe a los tipos
políticos de arriba, seguimos sin conformarnos con el menos “peor”.
El ideal de libertad no se borra a pesar de la represión, seguimos en
pie.
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