Por ANRed - L
(redaccion@anred.org)
El pasado 23 de marzo, en la
Ciudad de Buenos Aires, Organismos de Derechos Humanos
nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia presentaron un informe
sobre la
Criminalización de la Protesta y la represión durante los gobiernos de
Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Se proporcionaron datos
estadísticos acerca de los más de 4000 criminalizados y se describió la
progresión de esta metodología entre los años 2001 y 2012, al tiempo que se
recordó a los más de 70 asesinados por luchar y organizarse en el mismo
período. En este artículo, el informe completo.
Luchar es un Derecho
Informe sobre la Criminalización de la Protesta y la Represión durante los
gobiernos de los Kirchner
Viernes 23 de marzo de 2012. A 36 años del golpe
genocida y a días del próximo 24 de marzo, Organismos de Derechos Humanos
nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia presentaron un informe
sobre la
Criminalización de la Protesta y la represión durante los gobiernos de
los Kirchner.
En el informe se proporcionaron datos estadísticos de los
más de 4000 criminalizados por luchar, se describió la progresión de esta
metodología represiva entre los años 2001 y 2012, y se brindó información sobre
los conflictos y reclamos judicializados. También se presentó un informe con
los nombres de los más de 70 asesinados por luchar y organizarse en el mismo
período.
Estuvieron presentes en la conferencia de prensa
representantes de los organismos de derechos humanos: Enrique Fukman y Gabriela
Vargas de la Asociación
de Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD; Claudia Ferrero de la Asociación de
Profesionales en Lucha - APEL; Gina Erramuspe del Centro de Abogados por los
Derechos Humanos -CADHU; Myriam Bregman del Centro de Profesionales por los
Derechos Humanos - CEPRODH; Martín Alderete de la Coordinadora
Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP; María del
Carmen Verdú de la
Coordinadora contra la Represión Policial
e Institucional - CORREPI; y Diana Kordon de Liberpueblo; y representantes de
las siguientes organizaciones: Jorge Cardelli del Partido Socialista; Elena
Hanono del Partido Comunista Revolucionario; Vilma Ripoll del Movimiento
Socialista de los Trabajadores; Cristian Castillo del Partido de los Trabajadores
Socialistas; Néstor Pitrola del Partido Obrero; Oscar Kuperman de la Coordinadora por la Unidad Barrial
CUBA-MTR; Santiago Gándara de la Asociación Gremial Docente AGD-UBA; Mary Martín
asesora del diputado Piamonte ARI; Mario Mazitelli del Partido Socialista
Auténtico PSA; José Castillo de Izquierda Socialista; Hugo Blasco de CTA
Nacional; Leonardo Pérez Esquivel; Victoria Donda de Libres del Sur; entre
otros.
Informe sobre la Criminalización de la
Protesta Social
Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia siempre hemos
sostenido la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra el
avasallamiento de los derechos básicos y por eso venimos realizando una intensa
campaña contra la criminalización de la protesta y la persecución y asesinatos
de luchadores populares.
Entendemos que es fundamental insistir en la defensa y
reivindicar el legítimo derecho a la protesta, ya que es la base para la
preservación de todos los demás derechos. Si este derecho nos falta, todos los
demás derechos están en riesgo.
El informe fue realizado por la Asociación de
Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD; la Asociación de Profesionales en Lucha - APEL; el
Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU; el Centro de Profesionales
por los Derechos Humanos - CEPRODH; la Coordinadora
Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP; la Coordinadora contra la Represión Policial
e Institucional - CORREPI; y Liberpueblo.
El informe:
Abarca el período 2001-2012
Sintetiza los primeros resultados de la investigación que
estamos realizando desde principios del año 2011, y refleja la sistematización
de datos sobre un total de 2268 compañeros criminalizados.
La base de datos se encuentra en permanente proceso de
registro de nuevos datos y será actualizado periódicamente para su consulta.
Está organizado en las siguientes partes:
Presentación de la
situación de criminalización y represión 2001-2012
Presentación de la
metodología de trabajo para la recopilación y registro de casos.
Informe estadístico
de casos criminalizados registrados
Identificación de
tipos penales utilizados para la criminalización de la protesta
Registro de las
organizaciones criminalizadas en distintos lugares del país
Anexo con listado de
víctimas de la represión estatal y paraestatal a la protesta y la organización
popular entre los años 2001-2012
Detalle de las
fuentes de información utilizadas para el relevamiento de los casos
Listado de
materiales bibliográficos, investigaciones e informes consultados para la
realización del informe
Resultados Estadísticos
Total de Criminalizados Registrados: 2268
Porcentaje de
criminalizados por año - 2001-2012
Sobre un total de 2198 casos que cuentan con fecha de
judicialización se puede observar un incremento de esta medida represiva a
partir del año 2003, siendo el pico más alto registrado en los años 2009 y 2010
ascendiendo al 47,1% del total de los casos en esos dos años.
Porcentaje de
criminalizados por sector de pertenencia - 2001-2012
Sobre un total de 2238 casos que cuentan con identificación
de sector criminalizado se observa que los sectores a los que ha apuntado con
más fuerza esta política de criminalización son el sector sindical (31,6%) y el
sector pueblos originarios (31,4%), que suman el 63% del total de casos
registrados.
Porcentaje de
criminalizados por tipo de conflicto - 2001-2012
Sobre un total de 2256 casos que cuentan con identificación
de conflicto criminalizado se observa que los conflictos que involucran los
derechos y reclamos por tierra y vivienda ascienden a un 32,3%, y los
conflictos que involucran los derechos y reclamos de los trabajadores suman un
31,7%.
En coincidencia con los datos reflejados en el punto
anterior, queda evidenciado que estos conflictos que expresan la lucha por los
derechos más elementales son aquellos a los que el Gobierno no ha dado
respuesta en todos estos años, y sobre los que ha descargado con mayor crudeza
su política de persecución y criminalización.
Porcentaje de
criminalizados por provincia - 2001-2012
Sobre un total de 2221 casos que cuentan con datos
específicos sobre el lugar donde se desarrolló el conflicto se observa la
aplicación de esta política en 19 de las 24 provincias de nuestro país.
La
Provincia y la
Ciudad de Buenos Aires concentran el 48% de los casos
registrados, y las continúan en porcentajes las provincias de Río Negro con el
23,4%, Neuquén con el 5,8%, Santa Cruz con el 5,4% y Tucumán con el 4,3%.
Organizaciones criminalizadas
Son 167 las organizaciones, comunidades y grupos de
pertenencia que se relevaron como criminalizados hasta la fecha para este
informe.
Se registraron en este informe 72 compañeros y compañeras
víctimas de crímenes cometidos por el Estado o con su complicidad entre los
años 2001 y 2012.
Estas víctimas se suman a los 1911 casos de muertos por
gatillo fácil y torturas durante el período comprendido entre el 25/05/2003 y
el 29/02/2012 (Fuente: Correpi)
Más de 4000 compañeros y compañeras criminalizados
Como se refleja en el informe estadístico, en estos primeros
resultados de nuestra investigación hemos sistematizado detalladamente los
datos relativos a los sectores criminalizados, las fechas de judicialización,
los conflictos por los que se está persiguiendo a los luchadores, las
organizaciones de pertenencia, y cómo se aplica esta práctica represiva en las
provincias, todo ello sobre un total de 2268 compañeros criminalizados.
A estos datos sistematizados, debemos tener en cuenta que se
suman varios centenares de procesados pertenecientes a la Central de Trabajadores de
la Argentina
(CTA). En Neuquén, los estatales comprenden el sector con más encausados con un
total de 270 dirigentes y delegados criminalizados, siendo en su mayoría
integrantes de los gremios ATEN y ATE. En Río Negro, unos 50 dirigentes
sindicales están procesados o imputados en alguna causa producto de acciones
gremiales.
Por otra parte, según consta en publicaciones del mes de
mayo de 2011, los datos suministrados por la conducción de la CTA dan cuenta de que desde 1997 a esa fecha se dictó el
sobreseimiento de 1450 militantes que participaron de protestas sociales.
Con todos estos registros, el número de compañeros y
compañeras judicializados en nuestro país asciende a más de 4000.
Nueva denuncia
En la conferencia se denunció que se abrió una acción penal
con el número 2569/12 contra militantes y dirigentes sociales y políticos a
raíz de las declaraciones de la Ministra Garré que los acusó de extorsionadores
el pasado 16 de marzo, luego de una manifestación de trabajadores desocupados
del programa Argentina trabaja que reclamaban un aumento salarial y contra el
clientelismo.
Se anunció una convocatoria para el jueves 29 de marzo a las
11:30 en Comodoro Py para presentar ante el juez Rafecas una delegación en
defensa y solidaridad con los compañeros.
Para descargar el informe ACA
Para descargar el informe ACA
Argentina: Dossier sopra la criminalizzazione della protesta
da ANRed - L
(redaccion@anred.org)
Lottare è un Diritto
Dossier sulla Criminalizzazione della Protesta e la Repressione durante i governi Kirchner
Venerdì 23 marzo 2012. A 36 anni dal golpe genocida ed essendo molto vicino il 24 marzo, le Organizzazioni dei Diritti Umani nucleate nell'Incontro Memoria, Verità e Giustizia hanno presentato un dossier sulla Criminalizzazione della Protesta e la Repressione durante i governi Kirchner.
Nel dossier sono stati forniti dati statistici sugli oltre 4000 criminalizzati durante la lotta, è stata descritta la progressione di questa metodologia repressiva tra il 2001 e il 2012, ed è stata data informazione sui conflitti ed i ricorsi processuali. E' stata presentato anche un dossier con i nomi degli oltre 70 assassinati tra lotta ed attivismo nello stesso periodo.
Erano presenti alla conferenza stampa rappresentanti delle organizzazioni dei diritti umani: Enrique Fukman e Gabriela Vargas della Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD (Associazione di Ex-Detenuti Scomparsi); Claudia Ferrero della Asociación de Profesionales en Lucha - APEL (Associazione dei Professionisti in Lotta); Gina Erramuspe del Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU (Centro Avvocati per i Diritti Umani); Myriam Bregman del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH (Centro Professionisti per i Diritti Umani); Martín Alderete della Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP (Coordinazione Antirepressiva per i Diritti del Popolo); María del Carmen Verdú della Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional - CORREPI (Coordinazione contro la Repressione Poliziesca ed Istituzionale); e Diana Kordon di Liberpueblo e rappresentanti delle seguenti organizzazioni: Jorge Cardelli del Partito Socialista; Elena Hanono del Partito Comunista Rivoluzionario; Vilma Ripoll del Movimento Socialista dei Lavoratori; Cristian Castillo del Partito dei Lavoratori Socialisti; Néstor Pitrola del Partito Operaio; Oscar Kuperman della Coordinadora por la Unidad Barrial CUBA-MTR (Coordinazione per l'Unità Rionale); Santiago Gándara della Asociación Gremial Docente AGD-UBA (Associazione Unione Docenti); Mary Martín consulente del deputota Piamonte ARI; Mario Mazitelli del Partito Socialista Autentico PSA; José Castillo di Sinistra Socialista; Hugo Blasco di CTA Nacional; Leonardo Pérez Esquivel; Victoria Donda de Libres del Sur (Liberi del Sud); tra gli altri.
Dossier sulla Criminalizzazione della Protesta Sociale
Fin dall'Incontro Memoria, Verità e Giustizia abbiamo sempre sostenuto la lotta contro l'impunità di ieri e di oggi, e contro l'assoggettamento dei diritti fondamentali e per questo motivo stiamo realizzando una dura campagna contro la criminalizzazione della protesta, la persecuzione e gli assassinii dei combattenti del popolo.
Vogliamo dire che è fondamentale insistere sulla tutela e rivendicare il diritto legittimo alla protesta, dal momento che è il fondamento per la salvaguardia di tutti gli altri diritti. Se siamo privi di questo diritto, tutti gli altri diritti sono in pericolo.
Il dossier è stato realizzato dall'Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD; la Asociación de Profesionales en Lucha - APEL; il Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU; il Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH; la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP; la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional - CORREPI; e Liberpueblo.
Il dossier:
Riguarda il periodo 2001-2012
Riassume i primi risultati dell'indagine che stiamo portando avanti dall'inizio del 2011, e rispecchia la sistematizzazione di dati su un totale di 2268 compagni criminalizzati.
La banca dati è in un continuo processo di registrazione di nuovi dati e verrà aggiornata periodicamente per la consultazione.
E' suddiviso nelle seguenti parti:
Presentazione della situazione di criminalizzazione e repressione 2001-2012
Presentazione della metodologia di lavoro per la raccolta e registrazione di casi
Dossier statistico dei casi criminalizzati registrati
Identificazione delle tipologie penali utilizzate per la criminalizzazione della protesta
Registro delle organizzazioni criminalizzate in diversi luoghi del paese
Allegato con elenco delle vittime della repressione statale e parastatale della protesta ed organizzazione popolare tra il 2001 ed il 2012
Particolare delle fonti d'informazione utilizzate per il rilevamento dei casi
Elenco dei materiali bibliografici, indagini e dossiers consultati per la realizzazione del dossier
Risultati statistici
Totale Criminalizzati Registrati: 2268Percentuale di criminalizzati per anno-2001-2012Su un totale di 2198 casi che dispongono di data di giudizializzazione si può osservare un aumento di questa misura repressiva a partire dal 2003, essendo il picco più alto registrato negli anni 2009 e 2010 salendo al 47,1% del totale dei casi negli ultimi due anni.
Percentuale di criminalizzati per settore di appartenenza -2001-2012Su un totale di 2238 casi che dispongono di identificazione del settore criminalizzato i settori verso cui ha mirato con più veemenza questa politica di criminalizzazione sono il settore sindacale(31,6%) ed il settore delle popolazioni native(31,4%) che ammontano al 63% del totale dei casi registrati.
Percentuale di criminalizzati per tipologia di conflitto -2001-2012Su un totale di 2256 casi che dispongono di identificazione di conflitto criminalizzato si osserva che i conflitti coinvolgono i diritti e le richieste di terra e casa salgono al 32,3%, ed i conflitti che coinvolgono i diritti e le richieste dei lavoratori ammontano al 31,7%.In combinazione con i dati osservati nel punto precedente, va messo in evidenza che questi conflitti che manifestano la lotta per i diritti più elementari sono quelli ai quali il Governo non ha dato risposta in tutti questi anni, e su cui ha riversato con maggior rigore la propria politica di persecuzione e criminalizzazione.
Percentuale di criminalizzati per provincia -2001-2012Su un totale di 2221 casi che dispongono di dati specifici sul luogo in cui è avvenuto il conflitto si osserva l'applicazione di questa politica in 19 delle 24 province del nostro paese.La Provincia e la Città di Buenos Aires concentrano il 48% dei casi registrati, e seguono in percentuali le province di Río Negro con il 23,4%, Neuquén con il 5,8%, Santa Cruz con il 5,4% e Tucumán con il 4,3%.
Organizzazioni criminalizzate
Sono 167 le organizzazioni, comunità e gruppi d'appartenenza che sono state rilevate come criminalizzate fino alla data di questo dossier.
Sono stati registrati in questo dossier 72 compagni e compagne vittime di crimini commessi dallo Stato o con la sua complicità tra il 2001 ed il 2012.
Queste vittime vanno sommate ai 1911 casi di morti di grilletto facile e torture nel periodo compreso tra il 25/05/2003 ed il 29/02/2012 (Fonte: Correpi)
Più di 4000 compagni e compagne criminalizzati
Come si osserva nel dossier statistico, in questi primi risultati della nostra indagine abbiamo sistematizzato dettagliatamente i dati relativi ai settori criminalizzati, le date di giudizializzazione, i conflitti per cui si sta perseguendo coloro che lottano, le organizzazioni di appartenenza, e come viene applicata questa politica repressiva nelle province, tutto ciò su un totale di 2268 compagni criminalizzati.
A questi dati sistematizzati, dobbiamo considerare che vanno aggiunte varie centinaia di processati appartenenti alla Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)(Sindacato dei Lavoratori dell'Argentina). In Neuquén, gli statali comprendono il settore con più accusati con un totale di 270 dirigenti e delegati criminalizzati, essendo per lo più membri delle associazioni sindacali ATEN e ATE. In Río Negro, circa 50 dirigenti sindacali vengono processati o imputati in alcune cause frutto delle azioni sindacali.
Inoltre, da quanto risulta nelle pubblicazione del mese di maggio 2011, i dati forniti dalla dirigenza della CTA danno conto che dal 1997 a questa data è stato imposto il licenziamento di 1450 militanti che hanno partecipato alle proteste sociali.
Con tutti questi dati registrati, il numero di compagni e compagne giudizializzati nel nostro paese sale a più di 4000.
Nuova denuncia
Nella conferenza s'è denunciata l'apertura di una nuova causa penale con il numero 2569/12 contro militanti e dirigenti sociali e politici a causa delle dichiarazione della ministra Garré che li ha accusati di estorsione il 16 marzo scorso, dopo una manifestazione di lavoratori disoccupati del programma Argentina lavora che chiedevano un aumento salariale e contro il clientelismo.
E' stata annunciata una convocazione per giovedì 29 marzo alle 11:30 in Comodoro Py per presentare davanti al giudice Rafecas una delegazione a difesa e solidarietà dei compagni.
Per scaricare il dossier ACA (tradotto da Skadivargr Ulfhedinn)
Nessun commento:
Posta un commento