giovedì 29 marzo 2012

Occidente dedicará 4.100 millones de dólares al año a la seguridad afgana


Ricardo Martínez de Rituerto. Bruselas

La comunidad internacional sostendrá a razón de 4.100 millones de dólares anuales durante una década a las Fuerzas Nacionales de Seguridad Afganas (policía y ejército), según ha adelantado de forma imprevista el presidente Hamid Karzai. Esa financiación da para mantener a unos 230.000 efectivos, con lo que Karzai zanja el debate que debía realizarse sobre la cuestión cuantitativa en la cumbre de la OTAN en Chicago en mayo. El anuncio llega mientras la confianza de los instructores occidentales en las tropas afganas que forman y a las que acompañan sigue sometido a grandes tensiones: dos nuevos ataques de afganos uniformados han costado este lunes la vida a dos soldados británicos en la provincia de Helmand, y a un tercero, de nacionalidad no revelada, en el este del país.

La cumbre de Chicago, con participación del medio centenar de dirigentes de países que participan en la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF), está llamada a definir los términos de la seguridad de Afganistán a partir de la retirada de ISAF prevista a finales de 2014, y los medios necesarios para mantener la estabilidad en el país asiático.

Afganistán contará este mismo 2012 con 352.000 enrolados en sus fuerzas armadas conforme a un calendario preparado por la OTAN con vistas a disponer de 320.000 hombres sobre el terreno a la hora del relevo. Para sostener tal despliegue serían necesarios del orden de los 6.000 millones de dólares anuales. “Está hecho que tras 2014, y durante los diez años siguientes hasta 2024, la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza seguido por Europa y otros países, entregará a las fuerzas de seguridad afganas 4.100 millones”, acaba de revelar Karzai. Los dólares y la aritmética determinan los soldados: con esos 4.100 millones (de los que 500 será aportados, en principio, por Afganistán) se financiarán, a grandes rasgos, los 230.000 policías y soldados afganos que Estados Unidos, como principal contribuyente, viene defendiendo como adecuada fuerza afgana para hacer frente a la situación a partir del 1 de enero de 2015. El ministro de Defensa, Abdel Rahim Wardak, se manifestó el mes pasado, durante la vista de un enviado especial de EL PAÍS a Kabul, contra esa cifra fijada ‘a priori’ sin atender a las circunstancias sobre el terreno y reclamaba los 6.000 millones que darían para mantener 320.000 hombre. No conseguir eso, “sería una catástrofe que pondría en peligro todo lo que hemos conseguido con tantos sacrificios”. En los 4.100 millones anuales para soldados y policías “estamos de acuerdo y se lo agradecemos”, dice ahora Karzai, que desautoriza a su ministro y se adelanta al anuncio oficial de Chicago.

No es el único desajuste. Este lunes, un soldado afgano mató a dos soldados británicos en Lashkar Gah, la capital de la provincia sureña de Helmand, y un policía a otro militar de la coalición en el este del país, con lo que ya son nueve los caídos desde que los talibanes pidieron a los uniformados afganos que volvieran sus armas contra soldados e instructores occidentales en respuesta a la profanación del coranes en Bagram. En lo que va de año, son ya 16 los miembros de ISAF abatidos por sus compañeros de armas afganos, en una cadena de incidentes de distinta génesis (motivos ideológicos, religiosos, personales) que no hace sino minar la confianza mutua.

Mientras el esfuerzos militar sigue su curso, el diplomático y negociador en busca de un acuerdo político con la insurgencia se mueve con dificultades. Los talibanes se retiraron hace un par de semanas de las conversaciones sobre conversaciones que en secreto mantenían con Estados Unidos en Catar. Aunque Washington dice que el repliegue es un movimiento táctico y los propios talibanes, a través de un conocedor del proceso, adelantan que el retorno a las discusiones dependerá de nuevos gestos de confianza por parte de Estados Unidos, el Crisis Group, un acreditado centro independiente de análisis, mantiene que ni el Gobierno de Karzai ni la Administración de Barack Obama están en condiciones de encarrilar un satisfactorio proceso de negociación. “Lejos de ser un proceso dirigidos por los afganos, la negociación está dominada por el deseo de Washington de conseguir un pasable intervalo entre la retirada de sus tropas y un posible nuevo capítulo sangriento del conflicto”, se lee en el último informe del Crisis Group, Talking about talks: Towards a political settlement in Afghanistan (Hablando sobre conversaciones. Hacia un acuerdo político en Afganistán ) elaborado por Candace Rondeaux. La autora pide una implicación directa de Naciones Unidas en la negociación: “Para evitar una nueva guerra civil hace falta una fuerte corrección en el rumbo que conduzca al nombramiento de un equipo de mediación con mandato de la ONU y la adopción de una estrategia más realista para la resolución del conflicto”.

50.00 dólares para cada víctima de la matanza de Afganistán Un millón de dólares. El sábado, en una oficina del Gobierno de Kandahar, funcionarios militares de Estados Unidos repartieron 39.000 euros por cada una de las 17 víctimas mortales de la orgía de asesinatos que perpetró el soldado estadounidense Robert Bales, el 11 de marzo, en dos pueblos de la provincia de Kandahar. Los funcionarios aseguraron que el pago no servirá para eliminar el juicio que se seguirá contra el militar de Estados Unidos. Los heridos, 11 personas, recibirán algo más de 8.000 euros.

Las autoridades de EE UU desconfían de la versión de los hechos ofrecida por el Gobierno afgano, que asegura que la matanza fue ejecutado por más de un soldado. Además, aseguran que Bales mató a las mujeres disparándolas en el pecho y la vagina.

Este tipo de ataques violentos contra la población civil afgana, sumado a la quema de coranes en algunos cuarteles de la misión internacional en Afganistán, han provocado enorme tensión en las relaciones entre Estados Unidos y el Gobierno de Hamid Karzai. Bales afronta ahora un juicio militar en Estados Unidos, país que no ha impuesto la pena capital a ningún soldado desde 1961.

El País

--stampa de regime

Nessun commento:

Posta un commento