El sindicato ELA ha exigido a los
gobiernos vasco y navarro que "no se materialice la privatización" de la
vigilancia en las prisiones y ha advertido de que esta medida puede ser
"un precedente muy peligroso".
TERRA.- En un comunicado, el sindicado
ha indicado que el Gobierno central ’baraja la privatización de la
vigilancia exterior de las prisiones, e incluso la vigilancia en el
traslado y custodia de los internos’.
Según ha informado, esta posibilidad ’se hizo pública en el Consejo de
la Guardia Civil, órgano en el que está presente el Ministro del
Interior y el Secretario de Estado de Seguridad, donde, según los
participantes, se les comunicó la posibilidad de llevar a cabo este
cambio, con la excusa de poder disponer así de más efectivos en la calle
y de dar salida a los escoltas del País Vasco’.
ELA ha denunciado que sería una
privatización de un servicio ’exclusivamente público y puede suponer un
precedente muy peligroso, porque custodia y traslados pueden venir
después, e, incluso, podrían plantearse ocupar rastrillos interiores o
controles de vigilancia interiores’.
El sindicato se ha manifestado
’totalmente contrario’ a dicha medida, que en el País Vasco y Navarra
tendría incidencia en los centros penitenciarios de Zaballa, Martutene,
Basauri y Pamplona.
A su entender, ’sería una medida que atentaría contra la propia
normativa (Artículo 63 del Reglamento Penitenciario), teniendo efectos
tales como la sustitución del personal de la Ertzaintza en lo
correspondiente a centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma
Vasca’.
Asimismo, ha advertido de que, de
ponerse en practica esta medida, ’supondría además una merma desde el
plano de seguridad del personal que trabaja en estos centros, así como
de los propios internos’.
ELA ha subrayado, asimismo, ’la relación
entre objetivos de privatización de lo público y empresas privadas de
seguridad, para garantizar a estas el mantenimiento de sus cuotas de
negocio, utilizando en este caso para ello al propio personal del
colectivo de escoltas a quienes quieren utilizar como excusa para abrir
esta nueva vía de privatización de servicios públicos, generándoles este
tipo de expectativas para eludir las empresas de seguridad su
responsabilidad en el reciclaje y reubicación, además de que no supondrá
ahorro para la ciudadanía’.
Por todo ello, ELA ha exigido a los
responsables de Interior de Euskadi y Navarra ’un posicionamiento
claro’, así como ’un compromiso de que esto no se va a llevar a cabo en
los centros penitenciarios de Hego Euskalerria’.
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