La reciente comparecencia en el Senado
del ministro del interior, Sr. Fernández Díaz, el pasado mes de marzo,
para informar sobre las líneas generales de la política de su
departamento ha venido a confirmar lo que su colega, el titular del
ministerio de justicia, Sr. Ruiz‐Gallardón, ya había anunciado en sus
comparecencias previas ante la comisión de justicia del Congreso de los
Diputados en enero anterior, y ante el mismo Senado dos semanas antes:
la inminente puesta en marcha de unas políticas criminales que, con la
excusa de proveer a la seguridad de los ciudadanos y de velar por la
protección de sus derechos individuales y su libre ejercicio, en
realidad enmascaran la aplicación de medidas legislativas de marcado
carácter regresivo y contenido represor.
Así pues, si todo se desarrolla conforme tiene anunciado el ministro
de interior, antes de que finalice el actual periodo de sesiones, el
Gobierno tendrá lista la que será la vigésimo octava reforma del Código
Penal en quince años, que afectará fundamentalmente a dos grandes
bloques de materias penales, el orden público y la multirreincidencia.
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