El Libertario
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Mientras la
opinión pública se entretenía discutiendo la nueva Ley del Trabajo, una
normativa de tipo reformista con varios beneficios laborales, y el anuncio
presidencial de la salida del país de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno del presidente Chávez aprobaba, sin
mayor oposición, la “Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo” (Lodofat), una norma de 89 artículos que
representa el cénit de la política estatal de criminalización del movimiento popular
y social venezolano. A pesar de toda la retórica antiimperialista gubernamental,
la celeridad de esta ley, así como su contenido, está influenciado directamente
por las políticas “sugeridas” por el Fondo Monetario Internacional para la región.
La Lodofat es una ley tramposa que capitaliza
la conmoción posterior a los atentados del 11S en Estados Unidos, y la orden
imperial de “guerra contra el terrorismo”, para prohibir y castigar prácticamente
todas las estrategias y herramientas históricas de lucha del movimiento popular
venezolano, mezclando las normativas represivas con la penalización a la
pornografía, la trata de personas, el uso de sustancias químicas tóxicas, el
narcotráfico y el asesinato de altos funcionarios públicos.
La protesta: Potencialmente terrorista
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