es it - Venezuela afirma criminalización de la protesta popular con promulgación de ley antiterrorista

El Libertario

www.nodo50.org/ellibertario

Mientras la opinión pública se entretenía discutiendo la nueva Ley del Trabajo, una normativa de tipo reformista con varios beneficios laborales, y el anuncio presidencial de la salida del país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno del presidente Chávez aprobaba, sin mayor oposición, la “Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo” (Lodofat), una norma de 89 artículos que representa el cénit de la política estatal de criminalización del movimiento popular y social venezolano. A pesar de toda la retórica antiimperialista gubernamental, la celeridad de esta ley, así como su contenido, está influenciado directamente por las políticas “sugeridas” por el Fondo Monetario Internacional para la región.

La Lodofat es una ley tramposa que capitaliza la conmoción posterior a los atentados del 11S en Estados Unidos, y la orden imperial de “guerra contra el terrorismo”, para prohibir y castigar prácticamente todas las estrategias y herramientas históricas de lucha del movimiento popular venezolano, mezclando las normativas represivas con la penalización a la pornografía, la trata de personas, el uso de sustancias químicas tóxicas, el narcotráfico y el asesinato de altos funcionarios públicos.

La protesta: Potencialmente terrorista

La propia definición de “acto terrorista” es altamente discrecional: “Es aquel acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el ordenamiento venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los Gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional”. (Art. 4). Según la ley un acto terrorista puede hacerse: Atentado contra la vida de una persona que puedan causar la muerte o contra su integridad física; Secuestrando o tomando rehenes; Causando “destrucciones masivas a instalaciones o lugares públicos y propiedad privada; Apoderándose de aviones, barcos y cualquier transporte público, e incluso mercancías; Fabricando, teniendo, comprando, transportando, suministrando o utilizando armas de fuego, biológicas y químicas; Liberando sustancias peligrosas o provocando incendios, inundaciones o explosiones “cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas” y “perturbando o interrumpiendo” el suministro de agua, electricidad u otro recurso natural.

Otro concepto peligroso es el establecido para “delincuencia organizada”: “Acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos de la presente ley…” (Art. 4). Un grupo calificado de “delincuencia organizada” es penalizado tantos por los delitos de esta ley como los establecidos por el Código Penal, en cuyo caso las sanciones serán incrementadas en la mitad de la pena aplicable. Atención a las “circunstancias agravantes” de los delitos de “delincuencia organizada” (Art. 29):  Utilizando personas mayores o indígenas, simulación de ser funcionario público, el uso de medios informáticos que alteren los sistemas de información; contra vehículos militares, colectivos o de transporte público; contra sedes de servicio público o empresas del Estado; contra altos funcionarios públicos y gobernadores; “valiéndose de una relación de confianza” y para exigir libertad y canje de prisioneros. Por todas las anteriores la pena se incrementa un tercio, y si suman varias, el doble.

¿A quiénes afecta esta ley? Según el artículo 9 las fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro; organizaciones con fines políticos, grupos de electores, agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas y de las personas que se postulen por iniciativa propia para cargos de elección popular. El Estado, por su parte, es exceptuado en el artículo 31: “Las personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas, son responsables civil, administrativa y penalmente de los hechos punibles (…)”. Paradójicamente la ley “antiterrorista” legitima, precisamente, al terrorismo de Estado.

La ley antiterrorista también penaliza las huelgas en los centros productivos y los boicots: “Quien en cualquier forma o grado obstruya, retrase, restrinja, suprima o afecte el comercio o industria por medio de violencia o amenaza contra cualquier persona o propiedad, en apoyo o beneficio de un grupo delictivo organizado, será castigado con prisión de ocho (8) a diez (10) años” (Art. 50).

Cierres de calles, tomas de establecimientos e instituciones, quema de cauchos, huelgas y boicots, protestas indígenas y de la tercera edad, grafittis y pintas contra edificios públicos, entre otros, son calificados, según esta ley, como actos terroristas.

Mandato del imperio

¿Por qué la celeridad en la aprobación de la ley? La necesidad de aprobar leyes que “castiguen el financiamiento al terrorismo” es un mandato de los guardianes del flujo de dinero de la globalización económica. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha promocionado desde hace una década la promulgación de leyes en este sentido, por lo que tiene en su sitio web lineamientos claros para redactar leyes antiterroristas: “El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo pueden menoscabar la integridad de las instituciones y los sistemas financieros, desalentar la inversión extranjera y distorsionar los flujos internacionales de capital” afirman en http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/amls.htm. En otro enlace, ubicado en http://www.imf.org/external/pubs/ft/SFTH/esl/, el FMI difunde un completo manual para la redacción de leyes antiterroristas, influencia jurídica directa para la ley aprobada y firmada por Diosdado Cabello, Aristóbulo Istúriz, Blanca Ekhout, Ivan Zerpa y Víctor Clark. Como cualquier lector podrá constatar, el esqueleto normativo de la ley venezolana “revolucionaria” es copia al carbón de la sugerencia del capitalista FMI.

Este mandato del imperio, para certificarse como países seguros y confiables para la inversión extranjera, es aprovechado por los gobiernos latinoamericanos para incluir artículos que repriman a los movimientos sociales contestatarios. Como no es necesario recordar, Venezuela se vende al mercado mundial como uno de los países con mayores reservas de hidrocarburos y recursos minerales, los cuales explota bajo el mecanismo de “empresas mixtas” con empresas transnacionales de todos los colores, en contratos entre 20 y 40 años. Por ello debe disciplinar, con el carisma caudillista o con la represión pura y simple, a su población como maquila de energía para la globalización.

Quien desee descargar la Gaceta Oficial con el texto completo de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo puede hacerlo en el siguiente enlace: http://www.mediafire.com/?93813cdsp2imt7w

http://periodicoellibertario.blogspot.it/2012/05/venezuela-afirma-criminalizacion-de-la.html

Venezuela criminalizza la protesta popolare con le leggi antiterroriste 

da Periodico El Libertario

Mentre l'opinione pubblica è impegnata a discutere la nuova Ley del Trabajo, una normativa lavorativa di tipo riformista con benefici vari, e l'annuncio presidenziale di lasciare il paese dalla Commissione Inter-Americana sui Diritti Umani (CIDH), il governo del presidente Chavez ha approvato, senza molta opposizione, la "Legge contro la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo" (Lodofat), una norma di 89 articoli che rappresentano l'apice della politica dello stato di criminalizzazione del movimento sociale e popolare in Venezuela. Nonostante tutta la retorica anti-imperialistica del governo, la velocità di questa legge, il suo contenuto, è direttamente influenzata dalla politica "suggerito" dal Fondo monetario internazionale per la regione.

La Lodofat è una legge complessa che sfrutta le turbolenze dopo gli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti, e l'Ordine Imperiale di "guerra al terrorismo", in modo da vietare e punire praticamente tutte le strategie e gli strumenti di lotta storica del popolo venezuelano, mescolando le normative repressive con la penalizzazione della pornografia, del traffico di esseri umani, dell'uso di sostanze chimiche tossiche, del traffico di droga e degli omicidi dei funzionari pubblici.


La protesta: potenzialmente terrorista
La stessa definizione di "atto terroristico" è altamente discrezionale: "E' quell'atto intenzionale che per sua natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o un'organizzazione internazionale stabilita come un reato, secondo la legge venezuelana, ovvero commessi con l'obiettivo di:
-intimidire seriamente la popolazione,
-costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere un atto o all'astenersi da qualche atto,
-destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o di un'organizzazione internazionale ". (Art. 4)
Secondo la legge, un atto terroristico può essere:
-l'attentare alla vita di una persona, provocandogli il decesso o minacciando la sua incolumità fisica,
-sequestro di persona e cattura di ostaggi,
-causare "un'estesa distruzione di strutture o luoghi pubblici e della proprietà privata,
-catturare aerei, navi e qualsiasi trasporto pubblico,
-fabbricazione, comprare, trasportare, distribuire e usare armi da fuoco, biologiche e chimiche
-diffusione di sostanze pericolose o causare incendi, inondazioni o esplosioni", il cui effetto è quello di mettere in pericolo la vita umana" e " disturbare o interrompere" la fornitura di acqua, elettricità o altre risorse naturali.

Un altro concetto pericoloso è stabilito su "criminalità organizzata": "L'azione o l'inazione da tre o più persone associate per un certo tempo con l'intento di commettere i crimini della presente legge ..." (art. 4). Un gruppo descritto come "criminalità organizzata" è punito per i crimini di questa legge, come stabilito dal codice penale, nel qual caso devono essere aumentate le sanzioni a metà della pena. Attenzione alle "circostanze aggravanti" dei delitti di "criminalità organizzata" (art. 29): Le persone di maggior età o gli indigeni che:
-simulano di essere dei pubblici ufficiali, l'uso del computer per modificare i sistemi di informazione; 
-che si scagliano contro i veicoli militari, gli autobus o i mezzi pubblici,
-che si scagliano contro gli uffici pubblici o imprese statali,
-che si scagliano contro i funzionari pubblici e i governatori,
- che ci si "avvale di una relazione di fiducia" e per chiedere la libertà e lo scambio di prigionieri,
la pena è aumentata di un terzo o del doppio se necessario.

Chi è attacca questa legge? Ai sensi dell'articolo 9 le fondazioni, le associazioni e le altre organizzazioni senza scopo di lucro, le organizzazioni politiche, i gruppi di elettori, i gruppi di cittadini e singoli individui che hanno scopi elettorali.
Lo Stato, nel frattempo, è escluso all'articolo 31: "Le persone giuridiche, escluso lo Stato e le sue istituzioni, sono responsabili degli atti civili, amministrativi e penalmente punibili (...)". Paradossalmente, la legge "antiterrorismo" legittima il terrorismo proprio dello Stato.

La legge anti-terrorista criminalizza anche gli scioperi nei centri produttivi e i boicottaggi: "Chiunque, in qualsiasi modo o grado, ostacoli, ritardi, limiti, cancelli o influenzi i settori commerciali o industriali con la violenza o minaccia nei confronti di qualsiasi persona o proprietà, in favore o beneficio di un gruppo criminale organizzato, è punito con la reclusione da otto (8) a dieci (10) anni "(art. 50).

Blocchi stradali, occupazione di locali e istituzioni, gomme bruciate, scioperi e boicottaggi, proteste indigene e della popolazione in generale, pittura e graffiti su edifici pubblici, tra gli altri, sono qualificati in virtù di questa legge, come atti terroristici.

Mandato dell'impero
Come mai vi è stata la fretta di far passare questa legge? La necessità di approvare le leggi che "puniscano il finanziamento del terrorismo" è un termine dei custodi del flusso di cassa della globalizzazione economica. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha promosso una decina di anni fa, la promulgazione di leggi in tal senso, messe sul suo sito web dalle chiare linee guida sulla stesura di leggi anti-terrorismo: "le attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo possono minare l'integrità delle istituzioni e dei sistemi finanziari, scoraggiando gli investimenti stranieri, oltre ad avere una distorsione dei flussi internazionali di capitali", affermato sul sito http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/amls.htm. In un altro collegamento, che si trova su http://www.imf.org/external/pubs/ft/SFTH/esl/, il FMI diffonde un manuale completo per la stesura delle leggi anti-terrorismo, e che ha influenzato direttamente la legge approvata e firmata da Diosdado Cabello, Aristóbulo Istúriz, Blanca Ekhout, Ivan Zerpa e Víctor Clark. Come ogni lettore può vedere, il quadro normativo della legge del Venezuela "rivoluzionario", è un copia/incolla del capitalismo made in FMI.

Questo comando dell'impero, di ottenere la certificazione come paese sicuro per gli investimenti stranieri, è usato dai governi latino-americani per includere elementi di repressione della protesta sociale. Come è ovvio, il Venezuela, nel mercato mondiale, è uno dei paesi con le maggiori riserve di petrolio e risorse minerarie, che operava sotto il meccanismo della "imprese miste" con le multinazionali di tutti i colori, con contratti tra i 20 ei 40 anni. E col carisma da caudillo, la repressione vera e propria avrà come effetto quello di rendere la popolazione schiava della globalizzazione.

Chi volesse scaricare dalla Gazzetta Ufficiale il testo integrale della legge organica contro la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo può farlo al seguente link:
http://www.mediafire.com/?93813cdsp2imt7w 
(tradotto da NexusCo)


http://ienaridensnexus.blogspot.com/2012/05/venezuela-criminalizza-la-protesta.html