Comunicado Desde C. P. Dueñas Contra Las Torturas, Malos Tratos Y Abusos Del Sistema Penitenciario

Los internos R.G.G y J.L.G denunciamos las torturas, los malos tratos físicos y psicológicos asi como la prolongación del aislamiento, muertes, y los abusos de todo tipo existentes en los departamentos de régimen especial del territorio español.

La cuestión de las torturas y malos tratos, prolongación del aislamiento, las cotidianas vejaciones y de la supresión de derechos constitucionales en los denominados Departamentos Especiales (Régimen CD), solo se pueden resolver con el enjuiciamiento de todos los que intervienen en esas prácticas y violan gravemente las normas jurídicas del estado de derecho, y no solamente de los ejecutores materiales (carceleros) de las torturas, malos tratos, prolongación de aislamiento, muertos … que sufren/mos los internos que los habitan en todas las prisiones, aislamientos, búnkeres, segundos grados; asi como de los encubridores, cómplices e inductores como es el caso del centro directivo de Madrid (IIPP), de los propios directores de las prisiones, etc. En tanto no se ponga fin a la inhumana, degradante y tercer mundista situación que vivimos en los referidos departamentos, seguirán produciéndose más muertes, mas ahorcados bajo el nombre de suicidio.

Éstas muertes, torturas, vejaciones que “casualmente” nunca se esclarecen, y siempre se producen en las más extrañas circustancias y que con gran ahinco son silenciadas por las administraciones tanto del estado como de la justicia está resultando sin duda una losa sobre el estado de derecho y no es lo deseable.

Los internos/as de los departamentos especiales y primer grado de todas las prisiones, son esposados regularmente a los barrotes de las celdas, a las camas en forma de aspa, apaleados y torturados en celdas acolchadas, amenazados de muerte constantemente por los carceleros, vejados y suprimidos de sus derechos esenciales. Así dificilmente se puede llevar a cabo una función resocializadora de los internos proclamada constitucionalmente.

Todo ello permitido y tolerado por el centro directivo (DGIP), por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, jueces de guardia etcétera, ante los cuales se presentan numerosas quejas y denuncias y son automáticamente archivadas y silenciadas primando en dichos jueces la “convicción moral” por encima de la existencia o inexistencia de los elementos probatorios. Que todo esto suceda en el ámbito judicial es un indicio, entre otros, de que la organización judicial española y las personas que la integran adolecen todavía de rasgos y actitudes decimonómicas dificilmente compatibles con el perfil de una sociedad democrática y desarrollada.

Las leyes deben de tener una interpretación finalista dirigida a proteger los valores individuales y colectivos perfectamnete definidos, pero no puede convertirse en una excusa para cerrar el paso a las personas privadas de libertad y asegurar la impunidad de los delitos que cometen contra ellos.

Mejor harían estos jueces en no ir mas allá de lo que autoriza la ley, y de salvaguardadr el principio de igualdad ante la misma. Tampoco las consideraciones de talante político podrían estar por encima de la aplicación de la ley y, de la igualdad de todos ante ella.

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS TRATOS

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