El periódico oficialista "Página 12" censura dos notas sobre el asesinato de activista campesino

Quita las referencias al Gobierno nacional y no permite que el autor, Darío Aranda, retire su firma. Carta del autor y notas completas

La nota que hoy [por el sábado] aparece en Página12 con mi firma no se corresponde con la que escribí. Específicamente el primer párrafo (lo más importante de una nota periodística). Un derecho básico de los periodistas es tener la posibilidad de retirar la firma. No me han respetado ese derecho. Por este oficio que abrazo y por las organizaciones sociales en lucha (y por los asesinados por este modelo extractivo) es imprescindible esta aclaración.

Copio la cabeza original. Había sido acordada así con el editor.

"Asesinado por el agronegocio. Cristian vive, la lucha sigue", resumía la extensa bandera al frente de la marcha que ayer reclamó justicia por el asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, ocurrida por una disputa territorial. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), donde militaba Ferreyra, enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial provincial y el Gobierno Nacional. Desde la puerta de la Casa de Santiago del Estero en Buenos Aires el vocero del MNCI, Adolfo Farías, fue explícito: "Hacemos público que vamos por el Gobernador, es el responsable de las represiones. No habrá más asesinatos en el monte santiagueño". También hubo marchas en Santiago y Córdoba.

La cabeza publicada por el diario:

"Asesinado por el agronegocio. Cristian vive, la lucha sigue", resumía la extensa bandera al frente de la marcha que ayer reclamó justicia por el asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, ocurrida por una disputa territorial. La marcha partió del Obelisco, se dirigió por avenida Corrientes y terminó en Florida 274. Dos cuadras de personas y dos consignas que se repitieron: "¿Quiénes somos? Campesinos. ¿Qué queremos? Tierra, trabajo y justicia" y "Alerta que camina la lucha campesina por América latina".

Nota tal como fue publicada:

Reclamo de esclarecimiento y sanciones

Por Darío Aranda

“Asesinado por el agronegocio. Cristian vive, la lucha sigue”, resumía la extensa bandera al frente de la marcha que ayer reclamó justicia por el asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, ocurrida por una disputa territorial. La marcha partió del Obelisco, se dirigió por avenida Corrientes y terminó en Florida 274. Dos cuadras de personas y dos consignas que se repitieron: “¿Quiénes somos? Campesinos. ¿Qué queremos? Tierra, trabajo y justicia” y “Alerta que camina la lucha campesina por América latina”.

Marilena Santillán es compañera de militancia de Ferreyra en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero - Vía Campesina (Mocase-VC), una de las bases del MNCI. Llegó a la mañana a Buenos Aires para encabezar la marcha. “Todo el año enfrentamos una sostenida represión que incluyó detenciones arbitrarias por defender el territorio y el incendio de la radio comunitaria. El ataque a Cristian es parte de esa violencia, que incluye a empresarios sojeros, la Dirección de Bosques, que autorizó el desmonte, y al juez de Monte Quemado, Alejandro Fringes Sarria”, denunció Santillán.

De la marcha participaron el Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Clasista y Combativa, Partido Obrero, Proyecto Sur, Partido de Trabajadores Socialistas (PTS), Libres del Sur, Movimiento Territorial de Liberación (MTL), Central de Trabajadores Argentinos (línea Pablo Micheli) y el Movimiento Evita, entre otros. El referente del Movimiento Evita y legislador bonaerense del Frente para la Victoria, Fernando “Chino” Navarro, explicó que “venimos a expresar nuestro repudio al asesinato de luchadores sociales en manos de sicarios, jueces cómplices y la pasividad y complicidad del gobierno provincial”.

Navarro era en la marcha el más conocido referente del oficialismo presente, por lo cual era solicitado por los periodistas y no esquivó respuestas. “El gobierno nacional debería ser el primero en repudiar la represión y también ser el primero en estar junto a los reprimidos”, dijo.

La columna ocupó dos cuadras completas de la avenida Corrientes y giró por Florida. Muchos negocios bajaron sus persianas. Fue la única vez que la campesina Santillán sonrió: “No tienen que cerrar, somos tranquilos, los sojeros son los violentos”.

Vanina Bassetti, del MNCI, recordó que “los agronegocios impuestos por los transnacionales del agro, con la soja y los desmontes como banderas, son los primeros enemigos de la vida campesina. Mientras siga este modelo, seguirán reprimiendo a campesinos e indígenas que luchan”. Marcelo Otero, del Mocase-VC, dijo que esperan “algún pronunciamiento del gobierno nacional”.

Cristina Cabil, de Madres de Plaza de Mayo, estuvo al frente de la marcha. Pidió a los organismos de derechos humanos que se expresen en repudio de la represión y en solidaridad con las víctimas. “Los campesinos hoy exigen lo mismo que exigían nuestros hijos, una vida digna para todos, por eso hay que estar con ellos”, pidió. El CELS, mediante un comunicado, reclamó el esclarecimiento y la sanción a los responsables y que “tanto el Estado provincial como el federal adopten las medidas necesarias para garantizar la integridad de las personas que se organizan en reclamo de sus derechos por el acceso a la tierra”.

Ya en el frente de Florida 274, las autoridades de la Casa de Santiago en Buenos Aires ofrecieron dialogar con delegados del Movimiento Campesino. “Nos dijeron que no tienen poder de decisión. Les dijimos que vamos por la cabeza del gobernador, es el responsable del asesinato de campesinos”, dijo Adolfo Farías, vocero del Movimiento Nacionalcampesino Indígena. Desde la Casa de Santiago del Estero no respondieron a los llamados de Página/12.

Luego, Farías responsabilizó a “gobernadores, jueces y empresarios (que) arrasan el monte y matan a campesinos para implementar políticas neoliberales sostenidas por el gobierno nacional” y advirtió que “si no hay justicia arderá el norte provincial y habrá otro santiagueñazo”.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-181602-2011-11-19.html

En la nota anterior del mismo periodista, publicada el viernes pasado, los editores censuraron la siguiente frase:

El gobernador Gerardo Zamora, que no respondió los llamados de este diario, va por su segundo mandato y denominó a la provincia como la "capital nacional del kirchnerismo" luego de obtener en las últimas elecciones el 82 por ciento de los votos. Se autodefine “radical k”. El Mocase lo señala –en cuanto a la represión al campesinado– como la continuidad del juarismo.

Nota tal como fue publicada:

Asesinan en Santiago del Estero a un campesino militante del MOCASE: Otra víctima por defender su territorio

Darío Aranda

Cristian Ferreyra, de 23 años, fue baleado por dos hombres cuando intentó resistir un desalojo en el campo donde vivió toda su vida. Desde el Mocase denunciaron que los homicidas trabajan para un empresario agropecuario de la zona.

Cristian Ferreyra nació y vivió sus 23 años en el mismo lugar: el paraje San Antonio, al norte de Santiago del Estero. Quería mantener una forma de vida que implica trabajar la tierra, criar animales, sembrar y cosechar su comida. Pero un disparo de escopeta lo hirió cuando se negó a dejar el territorio, pretendido por un empresario. “Esto es el Lejano Oeste, no se cumplen nuestros derechos, nos matan como animales”, denunció Marilena Santillán, compañera de militancia de Ferreyra e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), con voz entrecortada, aún conmovida. También fue herido Darío Godoy, de 26 años. En los últimos dos años fueron asesinados en la Argentina cuatro campesinos e indígenas. La organización campesina denunció que la represión tiene directa relación con el avance del modelo de agronegocios, con la soja y la ganadería intensiva, sobre territorios comunitarios.

Ferreyra formaba parte de la comunidad indígena lule-vilela de San Antonio, que habita dos mil hectáreas comunitarias desde hace generaciones. A pesar de su juventud era identificado como un referente, tranquilo, pero decidido a permanecer en territorio ancestral, a 60 kilómetros de Monte Quemado. Desde hace dos años, la comunidad denuncia el acoso de empresarios que pretenden las tierras comunitarias: cierre de caminos vecinales, amenazas a niños cuando iban a la escuela y matanza de animales.

El miércoles, a la hora de la siesta, según contó ayer Jualián Roqué, un compañero de la víctima, llegaron hasta la casa de Darío Godoy dos personas encapuchadas. “Eran los hermanos Javier y Anton Juárez, dos guardias privados enviados por el empresarios santafesino José Ciccioli”, aseguró Roqué. “Buscaban a Cristian Ferreyra y, sin mediar palabra, le dispararon a sangre fría con una escopeta”, concluyó. Ferreyra falleció desangrado, ante la impotencia y desesperación de su esposa y su hijo de 2 años. Además fue herido Godoy (también integrante del Mocase), con disparos en las piernas. Aún permanece internado en el hospital. Los agresores huyeron y hasta ayer no habían sido detenidos.

“Mataron a Cristian porque era un joven fuerte, decidido a defender el territorio de sus padres y de su hijo. El hablaba, dialogaba, pero no negociaba el territorio. Por eso lo mataron”, lamentó Santillán y precisó que el ataque fue un día antes de una asamblea que iba a realizarse en casa de Ferreyra con el objetivo de definir un plan para frenar las topadoras.

El Mocase-VC emitió un comunicado: “Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial e instituciones como la Dirección Provincial de Bosques, que autorizó desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian”.

Desde el Mocase-VC, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), explicaron que las tierras ancestrales, que familias rurales y originarias habitaron durante generaciones, comenzaron a ser pretendidas por empresarios a medida que la frontera agropecuaria, principalmente para plantaciones de soja, comenzó a expandirse.

La Secretaría de Ambiente de la Nación precisa que Santiago es de las provincias líderes en desmonte: 515 mil hectáreas entre 2003 y 2007, un 72 por ciento más que entre 1998 y 2002. Avance del monocultivo y devastación de bosques tienen directa relación.

La soja transgénica con uso intensivo de agrotóxicos fue autorizada en 1996, cuando abarcaba una superficie de 6,6 millones de hectáreas en todo el país. En 2000 ya había trepado hasta las 10,5 millones. Y en la actualidad cubre 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada de la Argentina, 50 millones de toneladas de soja.

El geógrafo y docente Marcelo Giraud analizó el avance agropecuario en Santiago. En 1996, en la provincia había sólo 95 mil hectáreas con soja. En 2008 había saltado a 629 mil hectáreas y dos años después, en 2010, al record de 1,1 millón de hectáreas. “En sólo dos años aumentó un 75 por ciento”, afirmó.

La ONG Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) publicó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”. Hasta octubre de 2010 había contabilizado 164 conflictos de tierras y ambientales, casi 8 millones de hectáreas.

En sólo dos años fueron asesinados cuatro militantes por la defensa del territorio. El 12 de octubre de 2009 ejecutaron en Tucumán al diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010 falleció de un paro cardíaco frente a una topadora la campesina santiagueña Sandra “Ely” Juárez. El 23 de noviembre de 2010 fue asesinado en un corte de ruta el qom de Formosa Roberto López. El miércoles, la lista sumó a Cristian Ferreyra. En ningún caso están detenidos los autores materiales ni intelectuales de los crímenes.

El Código Civil establece el “derecho veinteañal”, que reconoce a quienes ocuparon y trabajaron un terreno durante dos décadas. Y también están vigentes leyes específicas para pueblos originarios (Convenio 169 de la OIT, Ley 26.160 de suspensión de desalojos, artículo 75 de la Constitución Nacional), pero (salvo excepciones) el Poder Judicial no aplica esas leyes.

“El asesinato de Cristian Ferreyra no va a quedar impune. Con toda la rabia y el dolor que sentimos, sus compañeros reafirmamos una vez más que en la defensa de nuestros territorios llegaremos hasta la últimas consecuencias”, advirtió el Mocase-VC. Diego Montón, del MNCI, aseguró: “El agronegocio se cobró otra vida campesina, esta vez la de un joven militante. No es posible la convivencia con el agronegocio, su lógica es de muerte y lucro, es un modelo donde no hay lugar para la vida”.

El gobernador Gerardo Zamora, que no respondió los llamados de este diario, va por su segundo mandato y denominó a la provincia como la “capital nacional del kirchnerismo” luego de obtener en las últimas elecciones el 82 por ciento de los votos. Se autodefine “radical k”. El Mocase lo señala --en cuanto a la represión al campesinado-- como la continuidad del juarismo.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-181517-2011-11-18.html


http://www.lahaine.org/index.php?p=57663