Cárcel del capitalismo para los populares

Declaración del preso político Patricio Gallardo Trujillo

Esta es una cárcel bien peculiar, según los propios presos comunes; acá uno es imputado, aunque se es tratado igual que un condenado, pero con un conjunto de otras restricciones. Según mi calculo somero, más del 40% se va en libertad después un proceso investigativo de la fiscalía (Ministerio Publico), lo que dura en promedio alrededor de 10 meses para los delitos menores y 18 meses para los delitos de mayor connotación criminal; plazo durante el cual no se logra determinar mediante las pruebas si es que el imputado le ha cabido participación alguna o cuál ha sido su grado de participación en el delito que se le imputa. Uno de los principios básicos con los que opera la justicia, por definición legislativa, es la “Presunción de inocencia”, lo que en esta cárcel, diseñada para 1.700 imputados -y que ya alberga a más de 3.200-, opera en un sentido contrario. Los presos deben pasar varios meses en la cárcel, en “prisión preventiva” para demostrar su posible inocencia; aunque el mecanismo más utilizado para resolver el “problema” judicial es el juicio abreviado que los condena a tiempo cumplido, sin importar si es inocente o culpable, lo importante es que deja al preso “en la calle”. Esta cárcel es un dique de contención y la expresión más brutal del “control-social” que ejerce el Estado capitalista chileno.
Después de 13 meses de investigación y con los elementos que se han ido develando en el propio proceso, puedo afirmar con certeza que nuestra prisión ha sido inducida mediante lo que podemos denominar un “montaje”. Pero, ¿porqué, cómo opera, de dónde viene y con qué sentido? Son interrogantes que requieren de una respuesta, para que esta certeza sea más que una simple teoría de sospecha.
El país hereda de la dictadura militar un modelo de “democracia protegida”, es decir, a través de sus distintos mecanismos institucionales se aseguran los instrumentos necesarios para el “orden democrático” (léase orden capitalista), y de esta forma combatir todo potencial peligro que amenace ese orden.
La Concertación asume el desafío de poner en práctica dicho modelo e implementar sus requerimientos. Comienza a tomar forma el Estado policial, se multiplican sistemáticamente los recursos humanos, materiales y tecnológicos. Se crearon nuevas y más especializadas estructuras para operar en las distintas áreas represivas en contra de las poblaciones. También se reforma el sistema procesal penal, y se ha rebajado la responsabilidad penal a 14 años de edad. Finalmente, se legisla en torno a una “agenda corta antidelincuencia”. Pero lo fundamental del “Estado policial” es su función de control-social. El modo de producción capitalista, por su dinámica interna es generador de pobreza y tiende a denigrar la vida humana en una mayoría de la población, por ello requiere de sus aparatos represivos, para contener la miseria y la fuerza subversiva que ella engendra.
El gobierno de Sebastián Piñera es el gobierno de la derecha, los verdaderos hijos de Pinochet y quienes diseñaron el modelo de “democracia protegida” (Jaime Guzmán y compañía): Desde la campaña presidencial la consigna ha sido de “mano dura” contra la delincuencia, una verdadera guerra en contra de los populares, marginales y excluidos, para lo cual han reestructurado políticamente el ministerio del Interior, buscando hacer más eficiente su política de “tolerancia cero”.
El principal peligro del cual debe ser "protegida" la "democracia", es el potencial subversivo y revolucionario de los anticapitalistas, razón por la cual han desatado una ofensiva centrada en los mapuches, los anarquistas y los lautarinos. Existe una forma de operar que establece un patrón común en la prisión de los subversivos, el que da cuenta de una coordinación entre policías, fiscales y la prensa de los grupos económicos para legitimar el encarcelamiento a como de lugar. De ello dan cuenta los catorce mapuches absueltos, las aberraciones cometidas en el "caso bombas" y en nuestra prisión que se sustenta en pruebas inducidas e inverosímiles... La guinda de la torta en esta ofensiva, las extorsiones por la PDI a Juan Linares para inculpar a los procesados en el "caso bombas". Y así suma y sigue!!!
¡A la cresta el estado Policial: aquí nadie se rinde!
PATRICIO GALLARDO TRUJILLO.
LAUTARINO EN PRISIÓN. PRESO POLÍTICO EN EL MÓDULO UNO DE MÁXIMA SEGURIDAD, SANTIAGO UNO.
Extraído de liberacion.cl

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