Propuesta de medida anticrisis de la CEOE al nuevo gobierno: Construir 34 cárceles nuevas

Taguas ultima el plan de la CEOE para que Rajoy avive la inversión pública

La Comisión de Concesiones y Servicios de CEOE, de nuevo cuño y presidida por David Taguas, maneja un plan de choque con el que se busca que el Gobierno de Mariano Rajoy reanime la inversión en infraestructuras en el periodo 2012-2016. El documento recomienda medidas recaudatorias como son la subida del precio del agua y de la gasolina, o el pago por circular en autovías.

CINCO DÍAS

Javier F. Magariño - Madrid

CEOE busca que el camino para salir de la crisis pase por la inversión productiva, bien del Estado o bien por parte de las empresas a través de fórmulas de colaboración público-privada. Su Comisión de Concesiones y Servicios, constituida el 4 de octubre y liderada por el presidente de Seopan, David Taguas, tiene ya un borrador en el que se desglosan decenas de propuestas que serán enviadas al Gobierno del PP.

En muchas de ellas se aprecia un claro marchamo de impopularidad, como el pago por uso en las autovías para mantener la inversión en carreteras; una subida del agua, a través de la revisión de los cánones de saneamiento, con el fin de asegurar la ejecución del Plan de Calidad de las Aguas (la inversión pendiente hasta 2015 es de 10.000 millones), o el encarecimiento del combustible en medio céntimo por litro para que el Estado recaude 150 millones adicionales al año.

"El precio por litro de los carburantes en países como Francia es superior en 20 céntimos al precio en España", se justifica en el informe al hablar del potencial para estirar los precios del combustible. Sobre la tarifa del agua, la postura de partida de CEOE es que el coste anual de los servicios asciende a 13.000 millones, de los que 4.000 millones no se imputan al usuario por la consideración de interés general. De los 9.000 millones restantes, el sistema cubre unos 6.000 millones por la vía de la factura que paga el ciudadano. Esta situación se debe al "abuso por parte de las Administraciones públicas en la declaración de obras de interés general sin clara justificación. Ello permite que muchas infraestructuras hidráulicas hayan sido financiadas presupuestariamente con nula o escasa repercusión a los usuarios", expone el documento que coordina Taguas, ex asesor económico de Moncloa.

A juicio de la patronal, es urgente "transmitir al usuario que un pago insuficiente por el agua incide negativamente en su adecuada gestión y calidad". En CEOE se baraja la petición de que sean las comunidades autónomas quienes impongan la revisión tarifaria para evitar el recelo e, incluso, el coste político a los ayuntamientos. En el borrador se habla de una subida media de 20 euros al año por usuario. Según ha podido saber CincoDías, el informe Taguas toca seis grandes palos: colaboración público privada en infraestructuras; las necesidades del país en materia de agua; carencia de equipamientos públicos; servicios e instalaciones sanitarias; saneamiento urbano y servicios ciudadanos. En él se reúnen destacadas reivindicaciones empresariales de los dos últimos años y nuevas ideas.

Financiación privada

Entre las carencias en equipamientos se habla de centros penitenciarios, hospitales y vivienda protegida en régimen de alquiler. En el primero de los casos se propone una inversión mínima de 1.600 millones, soportada por el sector privado, para la construcción de 20 cárceles.

La iniciativa que se refiere a hospitales pasa por levantar 30 nuevos centros, para lo que se requieren 2.700 millones, que también saldrían de la colaboración público-privada a cambio de concesiones. En cuanto a la vivienda protegida, se presionará para lograr un programa de 250.000 casas, que se irían ejecutando hasta 2016, con una inversión de 17.500 millones. Las viviendas tendrían 70 metros cuadrados y saldrían en alquiler por unos 400 euros mensuales. En materia de carreteras se recogen fórmulas para crear nuevas fuentes de ingresos. Desde la Comisión de Concesiones se insiste en que elevar los límites de velocidad incentivaría el tráfico de pago. También se habla de generalizar el pago por uso en concesiones que hoy ofrecen tráfico libre; implantar la directiva Euroviñeta que grava el tráfico pesado; instalar peajes en los accesos a grandes ciudades, y licitar de nuevo contratos ya maduros de concesión de carreteras.

Las cifras del recorte

La reducción del gasto público ha penalizado seriamente a la inversión, de cuyo recorte se obtiene el 20% de la consolidación fiscal en busca del objetivo de llevar el déficit público al 2,1% del PIB en 2014, frente al 11,2% de 2009. Con todo, la inversión pública cae desde el 4,4% del PIB en 2009 al 2,6% previsto para el citado 2014.

Acciones contra la morosidad

La morosidad que sufren las firmas de servicios urbanos y constructoras, entre otras, por los impagos de la Administración se arreglaría con la exigencia de "responsabilidad personal" a quienes deben cumplir las normas presupuestarias, según el informe de la CEOE. También se pide una modificación en la Ley de Contratos del Sector Público que permita al contratista suspender el servicio en caso de impago. Otra reforma que será demandada tiene que ver con la flexibilización de las normas de financiación autonómica y de los ayuntamientos, al tiempo que se exigen medidas presupuestarias para liquidar la actual deuda de la Administración con sus proveedores.

Mientras se pone coto a la morosidad pública, se piden medidas que alivien el trago a las empresas. Permitir a todo tipo de empresa, sin discriminar por su tamaño, la liquidación de deudas con el Estado a través de la dación en pago de créditos con la Administración es una de las opciones. Suspender el ingreso del IVA devengado mientras exista mora es otra alternativa. Una tercera propuesta pasa por una moratoria en el pago de las cuotas de la Seguridad Social de los empleados afectos a un contrato, que acumule retrasos en el cobro que doblen los plazos reconocidos en la Ley de Contratos del Sector Público. En proyectos concesionales se aconseja la garantía de una tasa interna de retorno mínima para allanar el acceso a la financiación bancaria. En el caso de las grandes compañías se plantea una rebaja del tipo del impuesto sobre sociedades del 30% al 25%.

las prioridades en materia de infraestructuras y el papel del capital privado

Ferrocarril

La CEOE planteará anticipar la ejecución de cinco corredores de transporte de mercancías: Mediterráneo, Atlántico, Central, Cantábrico-Mediterráneo y Atlántico-Mediterráneo. También pide la mejora de la conexión ferroviaria con los puertos. En España el 11% de las mercancías viajan en tren, por el 27% de Francia.

Agua

La primera tarea que deberá acometer el Gobierno es terminar y poner en explotación las desaladoras previstas por Acuamed (la inversión pendiente alcanza los 1.000 millones). Se plantea la generalización del modelo concesional y una revisión de las tarifas del agua para sufragar las actuaciones por ejecutar.

Carreteras

El reequilibrio de las autopistas de peaje depende de la extensión a un mínimo de 20 años de la cuenta de compensación prevista en las leyes 26/2009 y 43/2010. Para las autovías de primera generación se plantea que se prolongue a todo el plazo concesional la tarifa equivalente de vehículos ligeros y pesados.

Vivienda

El parque de viviendas en régimen de alquiler que será recomendado al Gobierno se crearía a través de concesiones a las constructoras. Estas levantan y gestionan las casas durante los años acordados y al término de la concesión las viviendas pasarían a manos de la Administración, que aporta el suelo.

Hospitales

Los 30 nuevos hospitales de los que habla el informe de la CEOE tendrían una media de 200 camas y se llevarían una inversión de 90 millones por centro (0,45 millones por cama). Sevilla, Almería, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Zamora están por debajo de la media nacional en camas hospitalarias por habitante.

Cárceles

La propuesta al Gobierno es la construcción de 34 centros penitenciarios bajo la fórmula de colaboración público-privada. El tamaño medio es de 1.000 plazas y 80 millones de inversión. A la vista de que deberían ser gestionadas por funcionarios públicos y del gasto que ello conlleva, CEOE se conforma con 20.

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