La Corte suprema, con el visto bueno del Gobierno "progresista" del FMLN, ha decretado la libertad de los militares requeridos por un juez español. Historia de la infamia.
Ha terminado como se preveía la solicitud de detención de 10 militares salvadoreños que planificaron y/o participaron en el asesinato de dos empleadas domésticas y 6 jesuitas seguidores de la teología de la liberación el 16 de noviembre de 1989. La Corte suprema de "justicia" ha sentado jurisprudencia: decide que la alerta roja de Interpol solicitada por el juez español Velazco no implica detención si no tan sólo averiguación de paradero.
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Ojalá le hubieran tocado jueces así al periodista colombiano Joaquín Becerra, que fue detenido por una alerta roja nada más llegar al aeropuerto de Caracas e inmediatamente enviado a las mazmorras Colombianas. En el caso salvadoreño, los juristas utilizaron el dilema del huevo o la gallina: dictaminaron que como no había pedido de extradición, los asesinos no podían ser detenidos. Esto a pesar de que según organizaciones de DDHH la ley internacional dice que para poder solicitar una extradición la persona primero debe estar detenida. El PSOE español también puso su granito de "arena" (nunca mejor dicho) cuando ayudó para que no se juzgue a Alfredo Cristiani, presidente del país en el momento de los asesinatos. Negociadores salvadoreños se reunieron en diciembre de 2008 con Fernando Burgos, fiscal de la Audiencia Nacional, y Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para América Latina, para que el juez Velazco quitara a Cristiani de la lista de imputados, cosa que lograron.
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¿Y el gobierno del FMLN? Bien, gracias. Aunque -dada la anterior negativa de esta misma Corte a entregar al juez español la información sobre lo que el órgano judicial salvadoreño había actuado en relación a la masacre- ya se sabía por dónde irían los tiros, realizó en estas dos semanas todo tipo de equilibrismos semánticos para decir lo mismo que la derecha: mejor no remover las cosas. Lo importante es mantener la paz que se ha conseguido (leáse puestos de ministros, diputados, alcaldes) y por último que lo que los jueces decidan bien estará. Pero en realidad decir que fue lo mismo que la derecha no es del todo cierto. En realidad fue peor.
8 de agosto: "Nos mean y los medios dicen que llueve"
Los militares, cuando se enteraron el domingo 7 de agosto que en unas horas llegaría la alerta roja de Interpol (a través del Gobierno, no puede ser de otra manera ya que es la policía la que recibe ese requerimiento), deciden refugiarse en un cuartel.
La versión de los medios del FMLN fue de que "los militares en calidad de retiro, requeridos por un tribunal de España, por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, fueron puestos a la orden del Juzgado 12º de Paz, luego de que estos se entregaran voluntariamente a la Brigada Especial de Seguridad Militar, local de la ex Guardia Nacional, en los momentos en que la Policía Nacional Civil atendía la orden internacional, según informó oficialmente el Gobierno esta mañana."
Ojo, "se presentaron voluntariamente" y "se encuentran a la orden del Juzgado". Eso lo dice el comunicado oficial difundido por la Radio Nacional de El Salvador. Ambas cosas son mentira, lo de voluntariamente da a entender que quieren ayudar a la justicia, y lo de estar a la orden del juzgado en un cuartel, el famoso “resguardo militar”, no existe jurídicamente. Pero además dio mucho jugo a los periodistas afines la frase "en los momentos en que la Policía Nacional Civil atendía la orden internacional", o sea que no llegaron a detenerlos porque estaban ocupados con el papeleo, a punto de salir, y justo en ese momento los militares se “entregan” a un cuartel.
La derecha usó dos tácticas ese día: por un lado la amenaza de golpe, y por otro la sinceridad, a sabiendas de que perjudicaba al FMLN. El ex vicepresidente durante el gobierno de Cristiani dijo que las cosas deben quedarse como están y no remover viejas heridas que pongan en riesgo los Acuerdos de paz que se firmaron en 1992. No ve “conveniente” que el caso se abra y ponga en riesgo la estabilidad. Pero también amenazó veladamente al FMLN, diciendo que si se reabre este caso también se reabrirían otros. Connotados políticos y empresarios derechistas ("escuadroneros" les llaman, por haber dirigido y/o financiado a los escuadrones de la muerte) también propalaron amenazas.
9 de agosto: Empieza el lavado de manos
Continuando con la parodia legal, "el juez Roberto Calderón, al recibir el escrito en que consta la entrega de los militares, realizó una inspección en el sitio en que se encuentran recluidos los procesados" según afirma el "Colatino", diario afín al FMLN. El escrito de marras, totalmente ilegal como afirmaron organizaciones de DDHH, era una declaración jurada ante notario de que los requeridos estaban "a disposición de la justicia". Para darle visos de seriedad mandan a un juez de paz a "inspeccionar" el lugar de "reclusión"
Este juez de paz inmediatamente remite el tema a la Corte suprema, y esta empieza a abrir el paraguas “No sabemos todavía si existe una petición formal del gobierno español pidiendo la extradición de los militares acusados, tampoco sabemos si el Juez Eloy Velasco los pide para procesarlos o sólo para que presenten defensores”. El requerimiento es en total para 10 militares, sin embargo, uno ya habría fallecido: el ex jefe del Estado Mayor y líder de la conjura, René Emilio Ponce. Aunque después de una operación en el hospital militar, salió directamente un ataúd cerrado, y nadie pudo ver qué contenía. Las malas lenguas dicen que estaría viviendo en Miami con documentos falsos.
10 de agosto: El FMLN pide resarcimiento moral
En un comunicado pagado, el FMLN dejó claro que no estaba por la labor de meter en la cárcel a los asesinos, asegurando "que es un partido programáticamente comprometido con la verdad, el respeto a los derechos humanos, la aplicación de la justicia que incluye el resarcimiento moral de las víctimas, como elementos que conduzcan al logro del gran objetivo de la Reconciliación Nacional, establecido en los Acuerdos de Paz" y que dado que este es “un tema de interés nacional en el que debe prevalecer la prudencia y la responsabilidad política", mejor no menearlo mucho.
Pero ese mismo día el director del Instituto de DDHH de la UCA (universidad jesuita a la que pertenecían los asesinados) en una posición claramente disidente de la de su rector, dice públicamente lo que era vox populi: “La justicia en este país se vende, nadie tiene la información completa. Sólo tenemos el comunicado del Gobierno en que dicen que ya los iban a capturar y vienen, y se entregan en un cuartel que es propiedad del Ejecutivo, creo que nadie se entrega así no más, ya que se arriesgan demasiado, pues correrían el riesgo de ser capturados".
El director sostiene que alguien desde las esferas del Gobierno les advirtió a los militares sobre la difusión de alerta roja girada por la INTERPOL, lo que los llevó a refugiarse en el cuartel. “Presumen de un proceso de paz exitoso, ¿y por nueve militares que se vayan a la cárcel se acaba la paz? ¿Por aplicar la justicia corre peligro una paz tan sólida de 20 años? Vuelvo a decir que pretenden insultar la inteligencia de la gente”.
11 de agosto: La derecha dice la verdad sin problemas
El defensor de siete de los militares, Lisandro Quintanilla, admitió que la captura es el procedimiento correspondiente, y no el “resguardo militar”. Es lo que pasa cuando uno quiere ser más papista que el papa, como le ocurre al FMLN: te corren por derecha. El abogado pagado por la asociación de empresarios agregó, por si hiciera falta, que “cuando hay difusión roja la PNC (Policía nacional civil) tiene la obligación de capturar y no hay discusión en eso, y una vez capturados deben ser puestos a la orden del juez”.
Metiendo el dedo en el ojo un poco más, dijo que sus defendidos decidieron, sin embargo, entregarse “a sus pares” ya que "no confían en el Gobierno". Indicando así que el comunicado oficial del Gobierno no era más que un velo para ocultar la zigzagueante actitud del FMLN.
El Procurador de DDHH también le salió torcido al FMLN, declarando que “Cuando ... se da la difusión roja internacional, dentro de cada policía hay una división que tiene el contacto internacional y debe hacer efectivas las órdenes de captura”. Respecto a la situación jurídica de los implicados, el Procurador abunda: “Escuché decir que los militares no tienen restricción legal, la PNC puede ingresar al cuartel y detenerlos porque tiene que cumplir la orden, entonces ¿quién ha hecho efectivas las órdenes de captura? Nadie las ha ejecutado”.
Por su lado, la diputada e ideóloga del FMLN además de ex-guerrillera, Norma Guevara, se muestra "prudente y cree que son las instancias correspondientes las que deben conocer del caso y resolver". Lo dice olvidándose de los múltiples pedidos de justicia y castigo que impulsó su partido en estos 20 años estos años, que sólo volverían a aparecer cuando el caso se cerró el pasado jueves. “Somos un partido que siempre hemos estado con la verdad y el resarcimiento con las víctimas, y este tema el país lo debe ver con mayor responsabilidad y prudencia, y las instancias correspondientes son las llamadas a operar”, expresó Guevara. “En esto no tiene nada que ver el Ejecutivo ni la Asamblea [parlamento], sino que es competencia del Judicial y esperamos que esta instancia responda”. Balones fuera.
14 de agosto: La iglesia también amenaza
El arzobispo de San Salvador, mismo cargo que ocupara el también asesinado monseñor Romero (el de la opción preferencial por los pobres), muestra su propia opción diciendo que el país necesita vivir en paz más que revolver casos del pasado. “Nosotros ciertamente quisiéramos que se ejercitara la verdad, la justicia, pero por encima de todo está la paz y habría que ser prudentes”, señaló el prelado. “La Iglesia siempre está a favor de la justicia y de la verdad, y es ideal que cualquier crimen cometido debería ser juzgado, debería de ser reparado; sin embargo, aquí estamos en una situación especial". Y no deja de amenazar al FMLN: “Posiblemente la amnistía sea una forma buena para evitar una problemática mayor si se abren todos los casos".
Mientras tanto la Corte suprema, que ya llevaba una semana deliberando, dijo que aún no habían tomado decisión al respecto y que se mantendrían “en sesión permanente por lo relevante del caso”, pero sólo habían discutido sobre recusaciones, o eso decían. El arzobispo estuvo de acuerdo con que cuanto más se demore, mejor: “Es necesario que demos un poco de confianza a la Corte, que le demos el tiempo necesario para que analice de la manera que más convenga".
17 de agosto: Editorial deja en evidencia al FMLN
El diario afín al FMLN "Colatino", que vive de la publicidad estatal (y por lo que dicen algunos, recibe dinero de la embajada de Taiwan) y cuyo director visita asiduamente la casa presidencial, publica un editorial titulado "Hay que exigir justicia, pero sin pasionismos" donde pasionismo sería pedir el mínimo cumplimiento de la justicia burguesa. En resumen:
"Desde hace más de ocho días, la Policía Nacional Civil (PNC), ha estado siendo presionada para que cumpla la orden de Difusión Roja, emanada por la INTERPOL... diferentes voces, de reconocidos líderes de opinión, y de ciudadanos que tienen acceso a los medios, vía Internet o Telefónicamente, exigen a la Policía Nacional Civil para que irrumpa en la base militar, y capture a los militares procesados."
"Estas voces, si bien es legítimo su reclamo de justicia, no entienden que al final, sus peticiones o ansiedades lo que podrían provocar es un roce, sino es que enfrentamiento entre la PNC y la Fuerza Armada. No estamos convencidos que toda la Fuerza Armada haya asimilado su nuevo papel en esta época de paz, por lo tanto no sabemos cuál sería su comportamiento si la policía entrara en estos momentos." Lo dicho: no menearlo.
19 de agosto: No hay nada que detener
El secretario de la presidencia defendió abiertamente a la Policía Nacional Civil, dejando clara la posición del gobierno del FMLN sobre las críticas por no ejecutar la orden de captura girada por INTERPOL. El todopoderoso funcionario sostuvo que la PNC realizó su rol al entregar la orden de captura internacional al Juez de Paz. Ahí termina el papel del Gobierno.
Sin embargo, el "Auto de procesamiento de los militares involucrados en Caso Jesuitas" del juez español explicita claramente: "líbrense orden europea de detención y entrega y orden internacional de detención para su busca y captura internacional".
El jesuita Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana (mismo cargo que ocupaba uno de los asesinados, Ignacio Ellacuría), demostró que 20 años y el papado de Juan Pablo II no pasaron en vano. Dijo que se encuentra "satisfecho" con la actuación de los militares. Oliva valoró positivamente que los "indiciados" estén en resguardo militar y no se sean tratados como reos comunes. Opinó que los militares se refugiaron en la Base Especial de Seguridad Militar para “adelantarse a la captura”, considerándolo positivo para el proceso. Efectivamente, si están en un cuartel no hay dios que los saque de allí.
26 de agosto: Fin de la historia
A las nueve de la mañana, la Corte suprema notificaba su resolución. El documento, que encima sienta jurisprudencia, establece que “La difusión Roja es una medida administrativa policial de localización de un posible extraditable, que puede ir acompañada o no de una solicitud de extradición”. Para justificarse añade que sólo existió "una difusión roja que no es en si misma una orden de captura ni solicitud de detención provisional", por lo que la policía "no está facultada para detener a los militares". En la normativa de la Interpol, las notificaciones rojas “se utilizan para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición de una persona buscada y se basan en una orden de detención o en una resolución judicial”. Seguramente la Corte no desconoce que para la localización se utilizan notas azules, no rojas
Todo basado en que no había una petición de extradición desde España, a pesar de que el país solicitante tiene 60 días, a partir de la detención, para enviar el pedido de extradición. Además, tan sólo 3 meses antes, el 20 de mayo de este año, la misma Corte acordó que era suficiente que la Policía recibiera la difusión roja de la Interpol para detener a unas personas acusadas de narcotráfico en Estados Unidos. Cuando se le preguntó al presidente de la Corte cómo se compaginaba la resolución anterior con la actual, dijo que en aquel momento la Corte se equivocó, que la de ahora era la correcta.
Por si eso fuera poco, el Artículo 327 del Código Procesal Penal salvadoreño, cuyo título es “otros casos de aprehensión”, dice textualmente: “Además de los casos establecidos en este código, la policía procederá a la captura de una persona, aún sin orden judicial, en los casos siguientes: (...) 3) Cuando respecto de la persona exista difusión o circular roja de instituciones policiales internacionales." Según el fallo, los nueve militares no tienen inconvenientes jurídicos “ni ninguna otra privación, restricción ni limitación de sus libertades ambulatorias originadas en la misma causa”. Caso cerrado.
Y ahora es cuando retoma el FMLN su discurso progresista. Varios diputados y dirigentes de ese partido sacan a relucir, ahora que se terminó el problema, las frases que tienen guardadas para estas ocasiones. Entre ellos Sigfrido Reyes, presidente del parlamento, quien manifestó que los familiares de las víctimas tienen el derecho a la justicia, “a buscar esa justicia que hoy por hoy se les niega… esto no termina”, y agregó "es un compromiso de la sociedad, la lucha contra la impunidad. El derecho a la justicia no se puede negar”.
El editorial del diario afín al FMLN del 27 de agosto sigue en la misma línea: "Hoy nos queda más que claro que con esta Corte Suprema de Justicia, la justicia seguirá esperando cuando los encausados sean gente del poder económico o de la vieja casta militar." Línea muy distinta a la expresada en el editorial del 17 de agosto.
Y no vale argumentar, como hacen los escribientes del FMLN, que el Gobierno es una cosa y el partido es otra o que el FMLN no tiene mayoría en el parlamento. En estos días la proverbial actitud zigzagueante del ex-partido de izquierda fue cristalina.
El presidente Funes amenazó a los profesores, movilizados por falta de pago de un aumento prometido, con no pagarles los días de huelga y si persistían, despedirlos. El FMLN, apoyando al presidente, dijo que el gobierno no tiene dinero y que los profesores no pueden exigir aumento en esta situación del país. Esto a pesar de que sí hay dinero para enviar, en estos días también, tropas a Afganistán. El FMLN manda a un diputado desconocido a decir que en realidad el partido no está tan de acuerdo con esta medida “del gobierno” como si en este caso el gobierno fuera externo al partido. Pero cuando, la semana pasada, el presidente Funes decidió reconocer al estado palestino, entonces sí que es el gobierno del FMLN el que lo hizo. Seguimos siendo de izquierda.
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